La ciudad de Comodoro Rivadavia vivió una jornada marcada por la violencia el martes 14 de octubre, cuando un grupo de personas efectuó disparos contra la Oficina Judicial, ubicada en la intersección de Portugal y Samper López. El ataque se produjo poco antes de una audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves, generando alarma entre los presentes y un inmediato despliegue policial.

Según fuentes oficiales, cuatro individuos descendieron de una camioneta utilitaria y abrieron fuego contra el edificio, mientras otros permanecían en el vehículo. El operativo cerrojo montado por la policía permitió interceptar el rodado minutos después en pleno centro de la ciudad, logrando la detención de nueve personas, entre ellas ocho hombres y una mujer. En el vehículo se secuestraron al menos tres armas de fuego de grueso calibre, y en el lugar del hecho se hallaron siete vainas servidas y daños materiales en un automóvil estacionado.

La investigación está a cargo del jefe de fiscales Cristian Olazabal y la fiscal Andrea Rubio, quienes evalúan ampliar la imputación a tentativa de homicidio, dada la gravedad del ataque. Los detenidos fueron sometidos a revisación médica y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, a la espera de la audiencia de control de detención.

Horas más tarde, la camioneta utilizada en el ataque fue incendiada frente a la Comisaría Primera, en lo que se presume fue un intento de ocultar pruebas. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, cuestionó el accionar judicial y la falta de medidas preventivas, señalando que "el nivel de impunidad es llamativo. No les importa absolutamente nada". Iturrioz también destacó las dificultades para obtener autorizaciones de allanamientos y la persistencia de disputas entre bandas locales, especialmente entre las familias Nieves y Vera, con antecedentes de enfrentamientos armados en la ciudad.

El hecho se enmarca en una escalada de violencia que preocupa a las autoridades provinciales y a la comunidad, quienes reclaman soluciones extraordinarias y mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Mientras tanto, se refuerzan las medidas de prevención en la zona sur de la ciudad, aunque la situación sigue siendo crítica y se investigan posibles vínculos entre los detenidos y bandas antagónicas.