Tras más de cuatro décadas de incertidumbre, la familia de Diego Fernández Lima pudo finalmente despedirse de sus restos en una emotiva ceremonia en el Cementerio de la Chacarita. Diego, quien desapareció en 1984 a los 16 años, fue hallado en mayo de 2025 cuando obreros encontraron restos humanos en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, propiedad de Cristian Graf, ex compañero de colegio y único imputado en la causa.

El hallazgo, confirmado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió a la familia cerrar un doloroso ciclo de espera. Sin embargo, la batalla judicial continúa. El juez Alejandro Litvak había sobreseído a Graf por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, argumentando la prescripción de la causa y la "inexistencia de delito". Esta decisión fue apelada tanto por la familia Fernández Lima como por el fiscal Martín López Perrando, quienes insisten en la necesidad de esclarecer el crimen y evitar la impunidad.

La audiencia clave para definir el futuro de la causa se realiza este miércoles en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. La defensa de Graf, encabezada por el abogado Martín Díaz, sostiene que no existen pruebas que vinculen a su cliente con el homicidio y critica la falta de investigación estatal desde 1984. "Graf está tranquilo porque sabe que de nuestro lado está la verdad", afirmó Díaz, quien también señaló que el caso fue mal presentado por la fiscalía.

Por su parte, Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, lidera el reclamo de justicia y denuncia la impunidad que rodeó el caso durante décadas. En redes sociales y declaraciones públicas, exige que se avance en la investigación y se sancione a los responsables. El caso también reavivó el debate sobre la prescripción de homicidios en Argentina, impulsando el proyecto de la "Ley Diego", que propone que el plazo de prescripción no comience hasta que se encuentre el cuerpo de la víctima.

El desenlace de la audiencia será determinante para la familia y podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de desapariciones prolongadas. Mientras tanto, la sociedad y el ámbito legislativo observan atentos el desarrollo de este emblemático caso.