El Gobierno argentino lanzó la cuarta serie del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 4), con una licitación por hasta USD 3.000 millones, en un intento por absorber pesos del mercado y mantener la inflación bajo control antes de las próximas elecciones. El instrumento, emitido por el Banco Central, permitirá a empresas cancelar deudas comerciales, girar dividendos retenidos por el cepo cambiario y, por primera vez, pagar hasta USD 1.000 millones en impuestos y compromisos aduaneros.

La licitación, que se realiza el 18 de junio, está dirigida principalmente a importadores con deudas previas a diciembre de 2023, empresas con deudas intra compañía y firmas con utilidades no distribuidas. El bono, suscribible en pesos al tipo de cambio oficial y pagadero en dólares en octubre de 2028, devengará un interés anual del 3%. Además, podrá dividirse en dos tramos con diferentes condiciones de rescate anticipado.

El Gobierno busca así reducir la liquidez en pesos, lo que, según funcionarios y analistas, contribuiría a mantener la inflación mensual por debajo del 2%. En mayo, la inflación mayorista registró una caída nominal del 0,3%, un dato que alentó al equipo económico a profundizar la estrategia de absorción monetaria.

Sin embargo, la medida genera debate en el mercado financiero. Algunos analistas consideran que el Bopreal funciona como una cuasimoneda y advierten sobre el riesgo de incobrabilidad, especialmente por la deuda en dólares que asume el Banco Central. "La posibilidad de pagar impuestos con Bopreales los convierte en una cuasimoneda", señaló un operador financiero a La Política Online. Desde fondos de inversión internacionales se advierte sobre la fragilidad del instrumento y la posibilidad de litigios futuros.

A pesar de los incentivos, como la posibilidad de pagar impuestos y la liquidez en mercados secundarios, algunos expertos consideran que el costo implícito del bono es elevado respecto al dólar oficial, lo que podría limitar la demanda a grandes empresas con necesidades específicas. El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida es clave para ordenar pasivos externos y avanzar en la normalización del mercado cambiario, en un contexto de restricciones y búsqueda de reservas genuinas. El resultado de la licitación y la reacción del mercado serán determinantes para evaluar el impacto de esta nueva emisión de deuda.