El gobierno de Javier Milei logró esta semana un avance legislativo significativo con la media sanción en el Senado de la reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas y resistidas de los últimos años en Argentina. La votación, que contó con 42 votos a favor y 30 en contra, fue celebrada por el oficialismo como un triunfo histórico, especialmente por la ministra Patricia Bullrich, quien lideró las negociaciones con sectores dialoguistas y sindicales.

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de polémica. El artículo 44 del proyecto, que establece un recorte salarial en caso de licencias médicas, generó fuertes críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición y los sindicatos. Bullrich reconoció públicamente el error y anticipó que el texto será corregido en la Cámara de Diputados. “Nos hacemos cargo de lo que introdujimos en el debate. Cometimos un error y lo vamos a arreglar”, afirmó la ministra.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores sindicales calificaron la reforma como "anti derechos del trabajador" y amenazaron con una huelga general. A pesar de la amenaza, la movilización sindical fue menor a la esperada, reflejando la fragmentación y debilidad de la oposición política y gremial frente al avance del oficialismo.

El contexto político muestra a un gobierno que, tras un inicio de gestión marcado por la inestabilidad, parece consolidar su hegemonía en el Congreso. La oposición, especialmente el peronismo, atraviesa una crisis de liderazgo y cohesión, lo que facilita el avance de las reformas impulsadas por Milei.

No obstante, el panorama económico sigue siendo incierto. La inflación se mantiene alta, los salarios continúan en descenso y la economía no da señales claras de reactivación. Analistas advierten que, más allá de los logros legislativos, el gobierno enfrenta el desafío de traducir estos avances en mejoras concretas para la población. Además, un reciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma presión sobre la administración.

El futuro de la reforma laboral dependerá de su tratamiento en Diputados y de la capacidad del oficialismo para gestionar tanto las tensiones internas como las demandas sociales. Mientras tanto, el debate sobre el rumbo económico y social del país sigue abierto.