En San Nicolás, Argentina, se investiga un caso de fentanilo contaminado que habría causado la muerte de 33 personas. La trama involucra a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, empresas clausuradas y bajo escrutinio judicial. Andrés Quinteros, exdiputado provincial y expresidente del Concejo Deliberante de San Nicolás, aparece como figura central en el caso, señalado por instigar denuncias falsas, manipular pruebas y presionar a exempleados para perjudicar a otros directivos de los laboratorios.

El caso comenzó con la clausura de Laboratorios Ramallo tras la detección de fentanilo contaminado, una sustancia que habría causado múltiples muertes. Testimonios recientes han ampliado las acusaciones contra Quinteros, quien habría ofrecido armas para cometer un homicidio y presionado a exempleados para firmar denuncias falsas. Un exempleado declaró que Quinteros le instó a denunciar a otros directivos del laboratorio, incluso sugiriendo acciones violentas. "Me proponía conseguirme balas y un arma para matar a D. X.", afirmó el testigo.

Otra testigo relató que fue presionada para firmar denuncias por acoso contra un directivo del laboratorio, aunque las relaciones habían sido consensuadas. "Me hicieron firmar una denuncia que nunca supe exactamente qué decía", señaló. Además, documentos oficiales contradicen las afirmaciones de Quinteros de no tener vínculos actuales con los laboratorios, ya que aparece como apoderado y jefe de Productos Regulados en registros recientes.

El impacto del caso ha generado conmoción en San Nicolás, destacando problemas de regulación en el sector farmacéutico y posibles conflictos internos en los laboratorios. Quinteros, quien niega las acusaciones, afirmó en una entrevista: "No tengo absolutamente ningún vínculo con ese laboratorio". Sin embargo, las pruebas y testimonios apuntan en otra dirección.

El caso sigue en investigación, con implicaciones legales y políticas que podrían extenderse más allá de San Nicolás. La justicia local y organismos reguladores enfrentan el desafío de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un caso que ha puesto en el foco la seguridad farmacéutica y la ética política.