Catorce provincias argentinas, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron en los últimos días su adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el gobierno nacional. El acuerdo, presentado como parte del Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, busca simplificar el sistema tributario y modificar el intercambio de información fiscal entre la Nación y las provincias.

La firma de los convenios se realizó en la Casa Rosada, con la participación de funcionarios nacionales y representantes provinciales. Entre los firmantes se encuentran Corrientes, Salta, San Juan, San Luis, Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la adhesión de las provincias y destacó que el nuevo régimen "garantiza mayor transparencia y libertad para los ciudadanos en el manejo de su patrimonio".

El acuerdo implica que las provincias renuncian a ciertos regímenes de información fiscal, lo que, según el gobierno nacional, permitirá una administración más eficiente y respetuosa de las libertades individuales. Sin embargo, críticos advierten que la medida reduce la capacidad de control tributario de las provincias y podría beneficiar a grandes ahorristas con fondos no declarados. El nuevo régimen eleva los umbrales de control y limita la fiscalización sobre consumos e ingresos menores a $50 millones, concentrando la información en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En paralelo, el Consejo Federal de Inversiones reunió a los 24 gobernadores para debatir estrategias ante la caída de la coparticipación federal y la falta de obra pública. Mendoza, por ejemplo, decidió postergar su adhesión al régimen, a la espera de mayor claridad legal y manifestando preocupación por la autonomía fiscal provincial.

El especialista tributario Marcelo Rodríguez explicó que el régimen está limitado a personas humanas con ingresos y patrimonio inferiores a $1.000 millones, y que su implementación aún depende del tratamiento legislativo. "Esto busca simplificarle la vida al contribuyente, pero hay que estudiarlo en profundidad", advirtió.

Mientras tanto, el debate sobre el alcance y las consecuencias del nuevo régimen continúa, con posturas divididas entre quienes ven una oportunidad de modernización y quienes alertan sobre los riesgos de menor control fiscal y posible blanqueo de capitales. El gobierno nacional sostiene que la medida promueve la libertad y la eficiencia tributaria, en un contexto de tensiones por la distribución de recursos y la autonomía provincial.