Un robo ocurrido en la madrugada del 22 de febrero de 2026 en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en 25 de Mayo 645, en pleno microcentro porteño, generó alarma en el ámbito estatal. Según informaron fuentes oficiales, el hecho se produjo cerca de las 5:00, cuando personas no identificadas violentaron la reja de ingreso y accedieron al edificio, donde funciona la atención al público del Programa Asistir, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con los primeros relevamientos, los delincuentes sustrajeron equipamiento informático, televisores y al menos 17 picos de bronce pertenecientes a los nichos hidrantes del inmueble. La cantidad exacta de elementos robados aún está en proceso de determinación, ya que las autoridades realizan un inventario detallado para establecer el alcance del faltante.

El ingreso de los intrusos se habría visto facilitado por una puerta de blindex que estaba sin llave, lo que ha generado interrogantes sobre los protocolos de seguridad internos. Una vez dentro, los responsables recorrieron varios pisos y oficinas, revisando mobiliario y cajones antes de retirarse con los objetos sustraídos.

La Policía Federal Argentina, junto con Asuntos Internos y la Policía Científica, intervino en el lugar para realizar pericias y analizar las cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos. La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, mientras que la Secretaría de Trabajo inició una investigación interna y un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

El Ministerio de Capital Humano comunicó el episodio a través de redes sociales, y la información fue replicada por el presidente Javier Milei. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha identificado a los responsables del robo. El caso pone en foco la seguridad de las dependencias estatales y la necesidad de revisar los mecanismos de control y custodia en edificios públicos. Se espera que el avance de las investigaciones judiciales y administrativas permita esclarecer el hecho y prevenir situaciones similares en el futuro.