El Senado argentino aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por intensos cruces políticos y sociales. Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por sectores aliados, busca redefinir el alcance de la protección de glaciares y zonas periglaciares, permitiendo una mayor intervención de las provincias y la posible habilitación de actividades mineras en áreas actualmente restringidas.

Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, los senadores expusieron posturas contrapuestas. El oficialismo defendió la reforma como una medida que promueve el federalismo y el desarrollo económico, especialmente en provincias con perfil minero. "La protección ambiental no debe ser sinónimo de parálisis, sino de reglas claras", sostuvo el senador Enzo Fullone, quien argumentó que las provincias conocen mejor sus territorios y recursos naturales. Fullone remarcó que la reforma mantiene la protección del agua y que el inventario nacional de glaciares seguirá vigente, aunque sujeto a estudios provinciales.

Por el contrario, senadores opositores y organizaciones ambientales alertaron sobre los riesgos de la reforma. La senadora Ana María Marks denunció cambios de último momento y cuestionó la fragmentación de la norma, advirtiendo que "sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no existe desarrollo". Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace, se advirtió que la reforma podría habilitar la explotación minera en áreas protegidas y debilitar la seguridad hídrica del país. Además, señalaron que la modificación podría entrar en conflicto con el acuerdo UE-Mercosur, que exige mantener altos estándares de protección ambiental.

El Gobierno nacional celebró la media sanción, calificándola como "verdadero federalismo ambiental" y afirmando que "el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera". Sin embargo, la oposición insistió en que la reforma representa un retroceso jurídico y ambiental, y advirtió sobre la competencia entre provincias para flexibilizar estándares y atraer inversiones.

El debate sobre la Ley de Glaciares refleja la tensión entre el desarrollo productivo y la protección ambiental en un contexto de crisis económica y presión por atraer inversiones. El proyecto continuará su tratamiento en Diputados, mientras persisten las advertencias sobre sus posibles consecuencias para el ambiente, la economía y los compromisos internacionales de Argentina.