El femicidio de Mercedes Errapán, una mujer de 32 años embarazada, sacudió a la ciudad de Junín y reavivó el debate sobre la violencia de género en Argentina. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando Sebastián Daniel Bonafé, de 36 años, ingresó a la vivienda de Errapán tras la salida de su pareja y la atacó brutalmente. Según la autopsia, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, un fuerte golpe en la cabeza y fracturas, descartándose la hipótesis inicial de un disparo. Además, se confirmó que Errapán cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas.

Tras el crimen, Bonafé secuestró a la hija de siete años de la víctima, de quien era padrino, y huyó de la escena. Cámaras de seguridad registraron su salida y posterior huida en motocicleta. El operativo policial permitió localizarlo en un cañaveral de Pergamino, donde, al verse rodeado, amenazó a la niña con un cuchillo en el cuello. Tras una tensa negociación, la menor fue rescatada ilesa y Bonafé detenido.

Durante el allanamiento en la vivienda del acusado, la policía halló cartas manuscritas en las que Bonafé detallaba la planificación del crimen y su ruta de escape. En los textos, el acusado anticipaba su intención de asesinar a Errapán y a su pareja, y amenazaba con matar a la niña si era descubierto por la policía. Las autoridades judiciales informaron que se realizarán pericias psicológicas y grafológicas al acusado, además de analizar los dispositivos electrónicos secuestrados.

El caso generó una fuerte reacción social en Junín, donde familiares, amigos y organizaciones marcharon para exigir justicia y reclamar mayor protección para las víctimas de violencia de género. El crimen de Errapán rompió un período de 550 días sin femicidios en la ciudad y puso en evidencia la persistencia de la problemática: la tasa de femicidios en el Departamento Judicial Junín supera la media provincial.

Sebastián Bonafé enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado por femicidio, ensañamiento y alevosía, además de secuestro coactivo agravado. La investigación continúa y la fiscalía evalúa sumar agravantes y otros delitos. El caso reavivó el reclamo social por políticas de prevención y protección, mientras la comunidad exige justicia por Mercedes Errapán y su familia.