El Gobierno nacional disolvió el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en el histórico Palacio Unzué de Recoleta, como parte de una serie de medidas orientadas a la reducción del gasto público y la despolitización de organismos estatales. La decisión, oficializada por decreto, implicó el despido de todos los empleados y el traspaso de los bienes históricos a la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Museo Evita.

La medida generó una fuerte reacción en sectores peronistas y de la oposición. El sábado 8 de junio, el dirigente social Juan Grabois, junto a unos 50 militantes, ingresó por la fuerza al edificio en señal de protesta, lo que derivó en su detención por parte de la Policía Federal. Según denuncias de referentes opositores, la detención fue ordenada directamente por el Ejecutivo, lo que alimentó acusaciones de persecución política. Grabois fue liberado horas después, pero el episodio profundizó la controversia en torno al cierre del Instituto.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la gestión del restaurante "Un Café con Perón", administrado por la cooperativa "Lo de Néstor". Investigaciones periodísticas y oficiales revelaron que la cooperativa recibió millonarios fondos estatales durante los últimos años, sin que se registraran contraprestaciones sociales claras. El Gobierno revocó la habilitación del restaurante y denunció irregularidades en el manejo de los recursos públicos, mientras que la cooperativa enfrenta un sumario y la suspensión de su CUIT.

El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, permanecerá bajo custodia estatal y no será vendido, según aseguraron fuentes oficiales. Entre las alternativas en análisis, se evalúa convertir el espacio en una biblioteca pública inclusiva y ceder el restaurante a un emprendimiento social.

El cierre del Instituto Perón y los hechos posteriores reavivaron el debate sobre el uso de fondos públicos, la preservación del patrimonio histórico y la tensión política entre el oficialismo y la oposición. El futuro del edificio y de los bienes históricos continúa siendo objeto de discusión, mientras la Justicia analiza recursos presentados para frenar la disolución del organismo.