El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este miércoles un acuerdo con el Gobierno Nacional para saldar la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial. El anuncio se realizó tras una segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El acuerdo establece que la Nación reconocerá una deuda de $60 mil millones, que será abonada en 12 cuotas mensuales de $5 mil millones durante un año. Durante este periodo, se llevarán a cabo auditorías conjuntas entre equipos técnicos de la provincia y la Nación para determinar el monto total de la deuda correspondiente a los años 2019 a 2024. La Corte Suprema fijó una nueva audiencia dentro de seis meses para evaluar el avance del acuerdo.

Llaryora destacó que este entendimiento permitirá aliviar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y mejorar los ingresos de los jubilados con menores recursos. "Es un avance significativo que refuerza el federalismo y la cooperación entre niveles de gobierno", afirmó el gobernador. Además, instruyó al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, para que los recursos se destinen a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales y a mejorar los ingresos de los jubilados más vulnerables.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, calificó el acuerdo como un "gran logro" y agradeció a la Corte Suprema por facilitar el diálogo. "Es un monto muy importante que permitirá aliviar las arcas provinciales y garantizar los derechos de nuestros jubilados", señaló López.

En contraste, la provincia de Santa Fe, que también mantiene un reclamo por deudas de ANSES, no ha logrado avances similares. Voceros del gobierno santafesino señalaron que su demanda es más amplia y que no están dispuestos a negociar con la Nación hasta que se reconozca la totalidad de la deuda.

Este acuerdo representa un paso importante en la resolución de conflictos fiscales entre la Nación y las provincias, aunque deja en evidencia las diferencias en el tratamiento de los reclamos provinciales. La próxima audiencia en seis meses será clave para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.