El Gobierno argentino enfrenta una creciente oposición por parte de la Mesa de Enlace y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debido a un plan de reestructuración que busca modificar la gobernanza, la autarquía y la estructura territorial del organismo. La propuesta incluye la reducción de miembros del Consejo Directivo, un mayor control financiero por parte del Ministerio de Economía y un recorte de 1500 empleados, lo que ha generado preocupación en el sector agropecuario.

En una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, los representantes de la Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades rurales del país, expresaron su rechazo a los cambios propuestos. "Los productores necesitan un INTA eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país", señalaron en un comunicado. Además, destacaron la importancia de mantener la autarquía administrativa y financiera, así como la estructura de Centros Regionales.

El INTA, creado en 1956, es reconocido internacionalmente por su contribución al desarrollo agropecuario y cuenta con 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 258 agencias de extensión rural. Su presupuesto anual ronda los 230.000 millones de pesos, financiado en parte por un 0,45% del valor CIF de las importaciones. Según los trabajadores del organismo, cada peso invertido en el INTA genera un retorno de 11 pesos, lo que subraya su importancia estratégica para la economía nacional.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido la necesidad de una "modernización" del INTA, aunque sus declaraciones han sido calificadas como despectivas por los trabajadores y representantes del sector. Sturzenegger cuestionó la eficiencia del organismo y sugirió que su estructura actual es insostenible.

En paralelo, los trabajadores del INTA han realizado asambleas y movilizaciones para visibilizar su oposición a las reformas. También han impulsado reuniones con legisladores y representantes locales para defender el rol estratégico del organismo. "Defender al INTA es defender el desarrollo, la soberanía tecnológica y el futuro del agro argentino", señalaron en un comunicado.

El Gobierno no ha confirmado oficialmente los detalles del decreto que implementaría las reformas, pero las señales indican que el proyecto avanza en el marco de un plan más amplio de reorganización del Estado. Mientras tanto, la Mesa de Enlace y los trabajadores del INTA continúan buscando canales de diálogo para expresar sus preocupaciones y proponer alternativas que garanticen la operatividad y territorialidad del organismo.