El empresario Alberto Samid fue internado en Punta del Este, Uruguay, tras sufrir una infección urinaria que derivó en un cuadro viral de origen incierto. La situación se tornó crítica cuando, a través de sus redes sociales, Samid solicitó públicamente un traslado sanitario urgente a Buenos Aires, argumentando que su estado de salud empeoraba y que estaba dispuesto a costear los gastos del vuelo. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es”, expresó en X.

La esposa de Samid, Marisa Scarafía, también utilizó las redes sociales para pedir ayuda, detallando que el empresario presentaba valores sanguíneos alterados y que la situación era de gravedad. La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades generó un intenso debate público sobre el acceso a la salud y los presuntos privilegios de figuras conocidas.

Desde el gobierno bonaerense, funcionarios aclararon que el procedimiento habitual para traslados sanitarios se realiza a través de las obras sociales o prepagas, y no por pedidos directos en redes sociales. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intervino y coordinó con la prepaga de Samid para facilitar el vuelo sanitario. Finalmente, el empresario fue trasladado el 17 de febrero en un avión privado desde Punta del Este hasta Buenos Aires, donde continuará su tratamiento.

El caso de Samid, conocido como “El Rey de la Carne”, no es el primero en el que enfrenta complicaciones de salud. En 2019 fue condenado por evasión impositiva y cumplió prisión domiciliaria por razones médicas. Además, recientemente la Justicia argentina decretó su quiebra por deudas impositivas. La situación reavivó el debate sobre el acceso igualitario a la salud y el rol de los funcionarios ante pedidos de figuras públicas, con posturas encontradas entre quienes consideran que no hubo privilegios y quienes cuestionan la intervención estatal en casos mediáticos.