La Justicia de Rosario ordenó la suspensión provisoria de la construcción del parque acuático en la Costanera Norte, una obra valuada en más de $12.600 millones, tras la presentación de amparos por parte de bloques opositores y organizaciones civiles. La medida precautelar, dictada por el juez Luciano Juárez el 8 de junio, frena tanto el decreto municipal como la adjudicación y los trabajos materiales en la zona, hasta que se resuelva la competencia entre los distintos juzgados involucrados.

El conflicto se originó luego de que el municipio, encabezado por el intendente Pablo Javkin, adjudicara la obra a una unión transitoria de empresas y comenzara tareas preliminares en el predio. Sin embargo, concejales de Ciudad Futura, liderados por Juan Monteverde, y otros sectores políticos y ambientales, presentaron recursos judiciales cuestionando la legalidad del proceso. Entre los principales argumentos se señala la omisión de un "Plan de Detalle" que, según la normativa vigente, debe ser aprobado por el Concejo Municipal para intervenir en áreas de reserva como la ribera rosarina.

El fallo judicial también expone un conflicto de competencia entre juzgados, ya que existen al menos cuatro expedientes distintos que buscan anular el decreto y el proceso licitatorio. El juez Juárez consideró que mantener las causas separadas podría derivar en sentencias contradictorias y optó por elevar el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que deberá definir qué juzgado continuará con el trámite.

Desde el municipio, el secretario de Gobierno Sebastián Chale criticó la medida y la atribuyó a motivaciones políticas, asegurando que la obra es fundamental para el desarrollo de la ciudad. "No hay ninguna razón objetiva para impedirlo más allá de la cuestión política de fondo", afirmó Chale, quien también advirtió sobre los riesgos de judicializar decisiones de gestión pública.

Por su parte, los sectores opositores y organizaciones ambientales insisten en la necesidad de mayor transparencia y estudios de impacto ambiental, alertando sobre posibles daños irreversibles en el ecosistema ribereño y la pérdida de acceso público a la costa. Mientras tanto, la suspensión judicial se mantendrá vigente hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la competencia, dejando en pausa el futuro del parque acuático y reavivando el debate sobre el uso del espacio público en Rosario.