La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 12 años de prisión efectiva para Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los fundadores del grupo musical Los Nocheros, por delitos de abuso sexual agravado cometidos contra dos víctimas. El fallo, que rechaza el último recurso de la defensa, marca el cierre de todas las instancias judiciales provinciales y nacionales, y obliga a Teruel a cumplir la pena en prisión común.

La condena, dictada originalmente en 2021 por la justicia de Salta, se fundamenta en dos causas distintas. En la primera, Teruel fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en al menos cuatro oportunidades, en concurso con corrupción de menores agravada. Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 10 y 13 años. En la segunda causa, la víctima tenía 19 años y el delito fue abuso sexual con acceso carnal agravado.

Durante el juicio oral, el testimonio de una de las víctimas resultó clave para la sentencia. La joven relató que los abusos comenzaron cuando era una niña y que las secuelas emocionales incluyeron autolesiones, trastornos alimenticios y varios intentos de suicidio. El tribunal consideró estos daños como agravantes en la calificación del delito.

La defensa de Teruel, encabezada por el abogado Juan Casabella Dávalos, intentó revertir la condena en todas las instancias posibles, incluyendo recursos de inconstitucionalidad y queja ante la Corte Suprema, pero todos fueron desestimados por considerarse inadmisibles.

El caso generó un fuerte impacto público, tanto por la notoriedad del entorno familiar del acusado como por la gravedad de los hechos. Organizaciones de derechos de las víctimas y usuarios en redes sociales celebraron la decisión de la Corte Suprema, destacando la valentía de las denunciantes y la importancia del fallo como precedente en la lucha contra los abusos sexuales.

Hasta el momento, ni las víctimas ni la familia Teruel han emitido declaraciones públicas tras conocerse la resolución definitiva. El caso se inscribe en un contexto de creciente visibilidad de los delitos sexuales en Argentina y refuerza el debate sobre la protección de las víctimas y la responsabilidad penal en casos de abuso.