El gobierno nacional ha presentado una propuesta de reforma tributaria que incluye un nuevo esquema para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conocido como "súper IVA". La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca redistribuir la recaudación del IVA entre Nación y provincias, generando un debate intenso entre gobernadores, economistas y legisladores.

El esquema propuesto establece que la Nación recaude un 9% del IVA, mientras que las provincias tendrían la facultad de definir el resto de la alícuota. Según Caputo, esta medida tiene como objetivo incentivar la recaudación local y reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de varias provincias, especialmente aquellas más dependientes de la coparticipación federal.

Provincias como Formosa y La Rioja, donde el IVA representa una parte significativa de los ingresos coparticipables, serían las más afectadas por este cambio. En contraste, Mendoza y Santa Fe, que reciben menos coparticipación per cápita, ven en la reforma una oportunidad para competir en igualdad de condiciones, aunque exigen ajustes en el sistema de coparticipación para garantizar una competencia fiscal justa.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, calificó la medida como inconstitucional si no es aprobada por el Congreso y advirtió sobre su impacto negativo en las finanzas provinciales. Por su parte, economistas como Mario Volman y Sebastián Mancuso señalaron los desafíos técnicos y políticos que implica la implementación del "súper IVA". Mancuso destacó que la medida podría beneficiar a provincias con mayor actividad económica, como Buenos Aires y Santa Fe, pero perjudicaría a regiones menos desarrolladas.

La propuesta también incluye cambios en la percepción del IVA en operaciones aduaneras y en los anticipos de Ganancias, lo que ha generado críticas por parte de los gobernadores, quienes advierten sobre la pérdida de liquidez en un contexto económico ya complicado. Además, el sistema actual de coparticipación ha sido objeto de críticas por su inequidad, beneficiando a provincias con menor actividad económica en detrimento de otras más productivas.

En este contexto, la reforma tributaria se presenta como una respuesta a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, su implementación enfrenta resistencias significativas y plantea interrogantes sobre su viabilidad política y técnica. Mientras tanto, el debate sobre la necesidad de una reforma fiscal más amplia y consensuada sigue abierto, con gobernadores y especialistas exigiendo un enfoque más equitativo y sostenible para el sistema tributario argentino.