Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, un sicario uruguayo de 31 años, fue detenido en la ciudad brasileña de Florianópolis tras una investigación internacional que involucró a Interpol, la Policía Federal Argentina (PFA) y fuerzas de seguridad de Brasil y Uruguay. Caraballo Escobar está acusado de ser el autor de dos homicidios mafiosos cometidos en Argentina, ambos relacionados con el narcotráfico y venganzas personales entre ex socios.

El primer crimen ocurrió el 12 de octubre de 2024 en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde Marcelo Nicolás González Algerini fue asesinado a balazos frente a un kiosco. La víctima, también uruguayo, recibió entre seis y diecisiete disparos mientras se encontraba en su vehículo. Dos meses después, el 12 de diciembre, Fabián Sturm Jardón fue emboscado y ejecutado en el barrio porteño de Recoleta. El atacante, disfrazado con peluca y lentes oscuros, le disparó por la espalda con una pistola Glock equipada con silenciador. Las cámaras de seguridad y los peritajes balísticos confirmaron que la misma arma fue utilizada en ambos crímenes.

La investigación determinó que ambos homicidios fueron motivados por una venganza, ya que las víctimas habían intentado asesinar a Caraballo Escobar meses antes. Además, se descubrió que el detenido utilizaba identidades falsas y era buscado por la justicia uruguaya desde agosto de 2022, tras fugarse de una cárcel donde cumplía condena por el homicidio de una mujer vinculada al narcotráfico.

Durante el allanamiento en Brasil, las autoridades incautaron dos kilos de marihuana, 40.000 dólares, 41.000 reales, un vehículo y una motocicleta. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó formalmente la extradición de Caraballo Escobar a la Argentina, mientras que Uruguay también reclama su entrega por delitos previos.

El Ministerio de Seguridad argentino y la ministra Patricia Bullrich destacaron la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La detención de Caraballo Escobar representa un avance significativo en la desarticulación de bandas narco transnacionales y en la persecución de delitos complejos que trascienden fronteras. El caso pone de relieve la creciente colaboración entre fuerzas de seguridad de la región y la necesidad de fortalecer los mecanismos de extradición y cooperación judicial para enfrentar el crimen organizado.