La Justicia de Salta imputó a la dueña de un predio en Cafayate por la presunta presentación de una autorización ambiental falsa para la realización de un casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área protegida de la provincia. La investigación, encabezada por la fiscal penal Sandra Rojas, se inició tras detectarse irregularidades en la documentación presentada para el evento, que tuvo lugar el 23 de marzo y fue ampliamente difundido en redes sociales bajo el nombre de “Cafayate Fantasy”.

Según fuentes judiciales, la imputada, una mujer de 36 años, habría incurrido en los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso, luego de que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta desconociera la validez del permiso exhibido. El documento presentaba membretes institucionales desactualizados y una firma que no correspondía al funcionario competente, lo que motivó la denuncia formal por parte del secretario de Ambiente, Alejandro José Aldazábal.

El caso se originó cuando un agente de la Secretaría de Ambiente detectó la instalación de una estructura para el evento durante un control de rutina en la Ruta Nacional 68. Al requerirse la autorización correspondiente, se presentó un documento que posteriormente fue calificado como apócrifo. La fiscalía dispuso la imputación y la imputada solicitó declarar por escrito, contando con un plazo de 48 horas para hacerlo.

En el marco de la investigación, funcionarios del área ambiental y efectivos policiales prestaron declaración ante la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), mientras se continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar si existen más responsables en la organización del evento.

La novia, Nicole Pocoví, se desligó de responsabilidades y afirmó que la gestión de los permisos era competencia de los propietarios del predio, quienes, según su versión, aseguraron tener toda la documentación en regla. El caso ha generado un intenso debate público sobre la preservación de áreas naturales y la eficacia de los controles estatales frente a eventos privados de gran escala.

La Quebrada de las Conchas, reconocida por su valor ambiental y turístico, está sujeta a estrictas regulaciones que exigen evaluaciones de impacto y permisos oficiales para cualquier intervención. La causa judicial sigue en curso y se esperan nuevas declaraciones en los próximos días, mientras la opinión pública y los organismos ambientales mantienen la atención sobre el desenlace del caso.