El suicidio de un joven soldado en la Quinta de Olivos el pasado diciembre destapó una compleja red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses, utilizando aplicaciones de citas como principal herramienta para captar víctimas. La investigación, liderada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, culminó con siete detenidos, entre ellos presos que coordinaban las maniobras desde el penal de Magdalena y La Plata, y colaboradoras externas encargadas de recibir y distribuir el dinero.

Rodrigo Gómez, de 21 años, fue contactado a través de un perfil falso en la app EverMatch. Tras entablar una relación virtual, comenzó a recibir amenazas de supuestas denuncias por contacto con menores y la intervención de un falso policía, cuya identidad real fue usurpada por los delincuentes. Bajo presión, Gómez realizó transferencias por un total de 1.400.000 pesos, una suma que representaba casi el doble de su salario como soldado. La presión psicológica y el hostigamiento persistente lo llevaron a tomar la trágica decisión de quitarse la vida, dejando una carta en la que relataba el mecanismo de extorsión y su angustia por no poder salir de la situación.

La investigación permitió identificar a los principales responsables, quienes operaban desde el interior de las cárceles utilizando teléfonos celulares. Las transferencias se realizaban a cuentas de mujeres vinculadas a la banda, dificultando el rastreo del dinero. El caso puso en evidencia la falta de controles efectivos sobre el uso de dispositivos electrónicos en los penales y la creciente sofisticación de las estafas digitales en Argentina.

En conferencia de prensa, la jueza Arroyo Salgado remarcó: “Esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y no quedará impune”. Por su parte, la ministra Monteoliva advirtió sobre la peligrosidad de los celulares en manos de presos: “Hoy un teléfono es un arma”. El padre de la víctima, Juan Carlos Gómez, criticó la ausencia de apoyo oficial y llamó a los padres a dialogar con sus hijos sobre los riesgos de las estafas virtuales.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en las cárceles y la necesidad de reforzar la prevención del ciberdelito, mientras la Justicia continúa investigando posibles ramificaciones de la banda y nuevas víctimas en todo el país.