En una semana marcada por protestas en defensa del sistema científico, la empresa estatal VENG S.A., vinculada a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), notificó el despido de entre 25 y 30 trabajadores. La medida, que afecta a diversas sedes y perfiles técnicos, se llevó a cabo tras la asunción de nuevas autoridades designadas por el gobierno de Javier Milei.

Los despidos se enmarcan en un contexto de ajuste presupuestario y desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico en Argentina. Según Emiliano Baum, delegado de ATE en CONAE, estas acciones forman parte de un "plan de vaciamiento" que busca relegar al país al rol de exportador de materias primas, siguiendo un modelo económico que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado como similar al de Perú.

La situación ha generado un fuerte rechazo por parte de sindicatos y trabajadores, quienes denuncian que los recortes comprometen proyectos estratégicos como el desarrollo de cohetes y satélites, incluyendo el Tronador II. Además, señalan que el congelamiento salarial y los despidos directos están afectando la continuidad de iniciativas clave para la soberanía tecnológica del país.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha exigido la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos, un aumento en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y la reactivación de proyectos estratégicos. "No se trata solo de nuestro sector, sino que estamos convencidos de que Argentina debe construir ciencia y tecnología para garantizar su desarrollo", afirmó Baum.

El gobierno nacional y las nuevas autoridades de VENG no han emitido declaraciones oficiales sobre los despidos ni han informado medidas de contención para los trabajadores afectados. Mientras tanto, las organizaciones gremiales han convocado movilizaciones frente a las oficinas de CONAE en Buenos Aires y anticipan que continuarán las protestas durante la próxima semana.

Este evento se suma a una serie de despidos y recortes que han afectado otras áreas del sector público científico y tecnológico desde 2023, incluyendo Fabricaciones Militares y FADEA. Los sindicatos advierten que estas medidas no solo afectan a los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la capacidad del país para desarrollar tecnología estratégica y garantizar su soberanía científica.

La tensión entre el ajuste presupuestario y la defensa del sistema científico y tecnológico refleja un desafío mayor para Argentina, que enfrenta la necesidad de equilibrar sus políticas económicas con el desarrollo de sectores clave para su futuro.