El debate sobre la reforma electoral en Argentina cobró fuerza esta semana tras la propuesta del Gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reintroducir el sistema de listas colectoras para las elecciones de 2027. Aunque la iniciativa aún no se formalizó en un proyecto presentado ante el Congreso, el tema genera intensas negociaciones y posturas encontradas entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con los gobernadores, buscando asegurar los votos necesarios para avanzar con la reforma. Sin embargo, la falta de un texto definitivo y las versiones cruzadas sobre el alcance de la propuesta alimentan la incertidumbre. "No conocemos el proyecto, todo son versiones mediáticas", afirmó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien ratificó su rechazo a la eliminación de las PASO y condicionó el apoyo de su bloque a la presentación de una propuesta concreta.

La posibilidad de reinstaurar listas colectoras, mecanismo que permite a candidatos de distintos partidos adherir a una misma candidatura presidencial, divide aguas. Mientras algunos gobernadores ven en la medida una oportunidad para mantener alianzas flexibles y presentar candidatos propios en sus distritos, sectores opositores y del peronismo denuncian que la reforma busca debilitar la competencia interna y favorecer la reelección del presidente Javier Milei. "Nada más casta que cambiar las reglas de juego en cada elección", criticó el diputado Pablo Juliano.

El oficialismo sostiene que la eliminación de las PASO responde a la necesidad de reducir costos, argumentando que en 2023 el proceso demandó $45.000 millones sin resolver internas relevantes. No obstante, la oposición advierte sobre el riesgo de confusión electoral y la pérdida de transparencia, especialmente con la vigencia del sistema de Boleta Única de Papel desde 2025.

La discusión sobre la reforma electoral se da en un contexto de negociaciones individuales con los gobernadores, quienes buscan garantías para mantener el control en sus provincias y evitar la injerencia de La Libertad Avanza en sus territorios. El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para consensuar un proyecto que logre el respaldo necesario en ambas cámaras del Congreso, en medio de un clima político marcado por la desconfianza y la especulación.