El asesinato del suboficial Luis Azábal en Córdoba ha desatado una fuerte controversia judicial y política. El hecho ocurrió el jueves 12 de marzo en barrio Villa Belgrano, cuando Azábal, de 56 años y próximo a jubilarse, participaba en un operativo policial tras la activación de una alarma en una vivienda. Durante el procedimiento, Paolo Zambelli, quien residía en la casa bajo disputa legal, disparó contra el policía, alegando legítima defensa ante lo que creyó era un asalto.

La vivienda, propiedad de un empresario vinculado a una firma agroquímica, estaba ocupada irregularmente desde 2023, según el abogado de la familia propietaria. El conflicto por la ocupación ya había sido judicializado antes del trágico episodio. Tras el disparo, Azábal fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, donde falleció poco después.

Zambelli fue detenido e imputado inicialmente por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, el fiscal Víctor Chiapero modificó la imputación a homicidio en exceso de legítima defensa, permitiendo la liberación del acusado. La defensa de Zambelli argumentó que el disparo se produjo en medio de una situación de extrema tensión, creyendo que enfrentaba a delincuentes.

La decisión judicial generó críticas desde el Ministerio de Seguridad provincial. Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, expresó: "Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza". Además, cuestionó la presunta desigualdad en la aplicación de la ley, señalando que "cuando un policía es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara".

La investigación continúa, con pericias y testimonios para esclarecer la secuencia de hechos y determinar si el policía se identificó antes de ingresar al domicilio. La comunidad policial y deportiva despidió a Azábal con homenajes, destacando su compromiso y liderazgo. El caso ha reavivado el debate sobre el apoyo institucional a las fuerzas de seguridad y el tratamiento judicial de hechos graves, en un contexto de baja histórica de homicidios pero creciente conflictividad social en Córdoba.