La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión responde a la condena de más de 16.000 millones de dólares que pesa sobre el país y beneficia principalmente a los fondos Burford Capital y Eton Capital, quienes adquirieron los derechos de litigio de los antiguos accionistas afectados por la estatización.

Según el fallo, Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, e instruir la transferencia de la propiedad a los demandantes. La medida, sin embargo, puede ser apelada, y fuentes cercanas al caso anticipan que el gobierno argentino buscará suspender la ejecución mientras se tramita la apelación, proceso que podría extenderse por más de un año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en contra de la orden, argumentando que la transferencia de acciones violaría las normas de inmunidad soberana. Además, expertos legales y fuentes del gobierno argentino sostienen que cualquier entrega de acciones requeriría la aprobación del Congreso nacional, lo que complica la ejecución inmediata del fallo.

El conflicto tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino tomó el control mayoritario de la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición a todos los accionistas, como exigía el estatuto de la compañía. Esta omisión fue el eje central de la demanda presentada por los fondos litigantes.

La noticia tuvo un fuerte impacto en los mercados: las acciones de YPF cayeron entre 6% y 8% en Wall Street y la bolsa local, mientras el índice Merval también registró pérdidas. Analistas anticipan que la decisión judicial abre un nuevo capítulo de negociaciones entre el Estado argentino y los fondos demandantes, en busca de una solución que evite la pérdida del control estatal sobre la petrolera.

El CEO de Latin Advisors, Sebastián Maril, señaló que "Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas". Por su parte, el tribunal estadounidense argumentó que las acciones de una empresa son libremente transferibles según la ley de Nueva York y que el uso de las acciones de YPF para actividades comerciales en Estados Unidos justifica la ejecución de la sentencia.

El caso YPF se ha convertido en uno de los litigios internacionales más relevantes para la Argentina, con implicancias políticas, económicas y legales de largo alcance. El desenlace dependerá de la estrategia de apelación del gobierno y de la capacidad de negociación con los fondos beneficiarios del fallo.