El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, avanza en la definición de su estrategia para vetar las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad, recientemente aprobadas por el Congreso. Según fuentes oficiales, la administración prioriza el equilibrio fiscal y argumenta que las iniciativas carecen de financiamiento adecuado, lo que podría generar un impacto fiscal superior a los 10.000 millones de dólares, equivalente a 3,2 puntos del PBI anual.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, encabezan la preparación de los argumentos jurídicos para sostener el veto. El Ejecutivo planea dilatar la promulgación hasta el límite legal, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con gobernadores y aliados en la Cámara de Diputados, donde se busca asegurar los votos necesarios para blindar la decisión.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió públicamente la postura del Gobierno, señalando que "el equilibrio fiscal es la base del orden económico" y que no permitirán que "se rompa con leyes irresponsables". Francos también criticó a sectores del Congreso y a algunos gobernadores por impulsar proyectos que, según él, responden a intereses electorales y no contemplan el impacto en las cuentas públicas.

El oficialismo sostiene que la autoconvocatoria del Senado fue ilegal y que la ley aprobada no especifica las fuentes de financiamiento, en línea con lo que establece la Ley de Administración Financiera. Además, el Gobierno argumenta que la Ley de Presupuesto es la herramienta fundamental para la planificación del gasto y que cualquier erogación adicional debe estar debidamente justificada y financiada.

Las negociaciones políticas se intensifican, con gobernadores peronistas y opositores mostrando posturas divididas. Algunos mandatarios dialoguistas podrían respaldar al oficialismo en Diputados, mientras otros exigen una oferta concreta para sus provincias. Francos reconoció tensiones y admitió cierta responsabilidad en la falta de consensos, pero destacó que el Gobierno mantiene un diálogo abierto y constructivo con varios gobernadores.

En este contexto, el Gobierno reivindica los logros económicos de los primeros meses de gestión, como la baja de la inflación y el ajuste fiscal, y asegura que la sociedad argentina comprende la necesidad de controlar el gasto público. El desenlace de la disputa legislativa será clave para el futuro de la política previsional y fiscal del país.