El asesor letrado y defensor público Eduardo Caeiro presentó su renuncia en el Poder Judicial de Córdoba, en medio de una investigación penal por presunta filtración de preguntas en concursos para cargos judiciales. La dimisión, que será efectiva a partir de octubre, fue puesta a disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Poder Ejecutivo provincial, quienes deberán formalizar su aceptación en los próximos días.

Caeiro está imputado por el delito de violación de secretos, acusado de haber proporcionado preguntas de exámenes a cuatro concursantes allegadas a él: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini. La denuncia, presentada por el gremio judicial AGEPJ en noviembre de 2024, puso bajo sospecha la transparencia de los concursos públicos para el acceso a cargos en la Justicia provincial.

El fiscal Enrique Gavier solicitó la imputación de Caeiro y las concursantes en abril de este año, y el Juzgado de Control rechazó en agosto los pedidos de sobreseimiento, ratificando la continuidad de la investigación. El TSJ anuló el tramo escrito del concurso tras detectar diferencias notorias en los puntajes de las postulantes vinculadas a Caeiro.

La renuncia de Caeiro implica que, al perder sus fueros, la investigación penal continuará sin la necesidad de un jury ni sumario administrativo. Desde el gremio AGEPJ remarcaron que la dimisión "no implica el cierre de la causa" y reclamaron que la Justicia avance en la determinación de responsabilidades para garantizar la transparencia del sistema.

El caso ha generado un fuerte impacto institucional y encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en otros concursos judiciales. Testimonios recabados en la investigación sugieren que podrían haberse producido maniobras similares en otros procesos de selección, lo que ha motivado reclamos de mayor control y transparencia en el ámbito judicial cordobés. El futuro de Caeiro y de las concursantes imputadas dependerá ahora del avance de la causa penal, que sigue su curso en la Fiscalía de Delitos Complejos.