El Senado argentino se prepara para debatir la baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años, tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei y respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca modificar el régimen penal juvenil con el objetivo de combatir la impunidad y proteger a las víctimas de delitos cometidos por menores.

Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas y divisiones. La vicepresidenta Victoria Villarruel se ha distanciado del oficialismo al convocar a representantes de la Iglesia católica, Pastoral Social y Cáritas, quienes expusieron ante senadores su postura contraria al proyecto. En una reunión informal, los delegados de los obispos insistieron en que la baja de la edad de imputabilidad no disminuirá los delitos juveniles y que se requiere un abordaje integral que incluya prevención, contención y lucha contra la pobreza y la deserción escolar.

La Iglesia católica, a través de una "Carta Abierta a los Legisladores Nacionales", advirtió que la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia. Además, señalaron que el Estado argentino no cuenta con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa y procesos efectivos de reinserción social.

Patricia Bullrich, por su parte, anunció que ya existe dictamen favorable en el Senado y que la ley será aprobada en breve. "En la Argentina no puede haber más víctimas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para delinquir", afirmó la ministra. El debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y reclamos sociales, mientras expertos advierten sobre posibles cuestionamientos constitucionales y compromisos internacionales.

La discusión ha puesto en evidencia la falta de consenso sobre cómo abordar la delincuencia juvenil. Mientras el oficialismo y sectores evangélicos apoyan la reforma, la Iglesia católica y organizaciones sociales insisten en la necesidad de políticas de prevención, inclusión y creación de oportunidades. El desenlace del debate en el Senado será clave para definir el rumbo de la política penal juvenil en Argentina.