El Gobierno nacional avanzó con la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, una reforma tributaria que busca facilitar la declaración de impuestos y promover la repatriación de dólares no declarados. La iniciativa, presentada por la administración de Javier Milei, está dirigida a personas humanas y sucesiones indivisas, excluyendo a sociedades y monotributistas, quienes deberán renunciar a su régimen para acceder a los beneficios.

Hasta el momento, catorce provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han firmado convenios con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para implementar el nuevo régimen y compartir información fiscal. El acuerdo implica que las provincias renuncian a establecer regímenes de información adicionales, lo que, según el Gobierno, simplifica el sistema y otorga mayor libertad a los contribuyentes. "Seguimos consolidando una transformación profunda basada en una estructura impositiva más simple y eficiente", afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El régimen permite que ARCA proponga una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias, que el contribuyente puede aceptar y pagar, obteniendo así un efecto liberatorio para ese período fiscal. Sin embargo, si se detectan omisiones o irregularidades, el contribuyente puede ser excluido y sancionado. La presunción de exactitud de las declaraciones solo se pierde ante discrepancias significativas, definidas como diferencias superiores al 15% o $100 millones.

El Gobierno sostiene que la medida incentiva la formalización de ahorros y facilita el acceso al crédito, especialmente para quienes tienen fondos no declarados. No obstante, especialistas advierten que el cambio puede resultar costoso para pequeños contribuyentes y monotributistas, quienes enfrentarían mayores cargas fiscales y administrativas. Además, críticos señalan que la reforma debilita el control tributario de las provincias y beneficia principalmente a grandes ahorristas.

En paralelo, los gobernadores han expresado preocupación por la concentración de poder fiscal en la órbita nacional y la pérdida de recursos provinciales. En una reciente cumbre, reclamaron mayor federalismo y estrategias conjuntas para recuperar fondos federales. El debate sobre el alcance y las consecuencias del nuevo régimen continúa abierto, en un contexto de presión fiscal y demandas de autonomía provincial.