La Justicia argentina dictó una sentencia histórica al condenar a 25 años de prisión a dos exfuncionarios penitenciarios por su responsabilidad en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal N°5, recayó sobre Juan Carlos Ruiz, exdirector del penal, y Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División Seguridad Interna, quienes fueron hallados culpables de la imposición de tormentos reiterados a 88 personas y tormentos seguidos de muerte en 65 casos. El tribunal calificó el hecho como una "grave violación de los derechos humanos" y lo declaró imprescriptible, a pesar de haber transcurrido 47 años desde los hechos.

La masacre, considerada la peor tragedia carcelaria de la historia argentina, se desató tras una requisa violenta en el pabellón séptimo, donde la sobrepoblación y las condiciones inhumanas eran moneda corriente. La represión incluyó el uso de gases, armas de fuego y la provocación de un incendio que se propagó rápidamente, dejando un saldo de 65 internos muertos y más de 80 heridos graves. Testimonios de sobrevivientes relatan escenas de brutalidad, encierro en celdas de castigo y la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de bomberos y asistencia médica.

Durante décadas, el episodio fue presentado oficialmente como un "motín de los colchones", responsabilizando a las propias víctimas y silenciando la participación estatal. La reapertura de la causa y el reciente juicio permitieron visibilizar la verdad detrás de los hechos y reconocer la sistematicidad de la violencia ejercida por el aparato represivo durante la dictadura militar, incluso contra presos no políticos.

El fallo fue recibido con alivio y satisfacción por familiares de las víctimas y sobrevivientes, quienes destacaron la importancia de que la Justicia haya nombrado a cada una de las personas asesinadas y reconocido la masacre como un crimen de Estado. Sin embargo, la absolución del tercer acusado, Gregorio Zerda, generó sensaciones encontradas y se anticipa una apelación por parte de la querella y la fiscalía. Además, se renovaron los reclamos para que el penal de Devoto sea declarado Sitio de la Memoria y para que los medios nacionales rectifiquen la información difundida durante la dictadura.

El caso pone en relieve la persistencia de condiciones críticas en las cárceles argentinas, según advierte el Comité contra la Tortura de la ONU, y la necesidad de continuar luchando por memoria, verdad y justicia en el país.