La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta internacional tras la detección de seis lotes de fentanilo inyectable contaminados en Argentina, fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, actualmente detenido. Según el organismo, los productos presentan contaminación bacteriana con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas resistentes a antimicrobianos, lo que representa un riesgo grave para la salud de los pacientes, especialmente aquellos en estado crítico o sometidos a intervenciones quirúrgicas.

La alerta se originó tras el brote de infecciones mortales vinculado al lote 31202, aunque la OMS amplió la advertencia a los lotes 31200, 31244, 31245, 31246 y 31247. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la producción de Laboratorios Ramallo en febrero de 2025 por "deficiencias críticas" en sus procesos y prohibió la comercialización de todos los productos de HLB Pharma en mayo del mismo año. A pesar de estas medidas, la OMS advirtió que los productos podrían seguir circulando en Argentina y otros países de la región, incluso en el mercado informal.

El caso está bajo investigación judicial en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, donde se indaga a empleados y directivos de los laboratorios involucrados. Se estima que al menos 96 a 122 muertes podrían estar relacionadas con el uso de los lotes contaminados. La OMS recomendó a los profesionales de la salud reportar cualquier hallazgo de productos sospechosos y a la población evitar el uso de estos medicamentos, buscando atención médica en caso de haberlos recibido.

En el plano político, el Congreso debate la creación de una comisión investigadora, aunque el tratamiento se encuentra demorado. Legisladores y expertos han criticado la falta de acción y la debilidad de los controles regulatorios, mientras que el Consejo Profesional de Química alertó sobre los riesgos ambientales derivados de la disposición inadecuada de residuos peligrosos, tras el hallazgo de ampollas en basurales de Resistencia y Luján.

El incidente pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sanitarios y regulatorios, así como de dotar a la ANMAT de mayor autonomía y recursos. La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y evitar nuevos episodios que comprometan la seguridad de los pacientes.