El municipio de Juan Bautista Alberdi, en Tucumán, atraviesa una crisis institucional tras la difusión de un audio que involucra al intendente Luis "Pato" Campos y al empresario Roque "Chipi" Giménez en presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción. La viralización de la conversación, en la que se discuten temas de control policial y actividades ilícitas, generó un fuerte revuelo político y social en la provincia.

El gobernador Osvaldo Jaldo decidió intervenir el municipio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, desplazando a Campos de su cargo y designando a Guillermo Norry como interventor. "Nadie tiene coronita en Tucumán. Caiga quien caiga, le va a caer todo el peso de la ley", afirmó Jaldo en conferencia de prensa, subrayando la gravedad de la situación y la decisión de convocar a elecciones municipales para el 26 de octubre.

La intervención, fundamentada en el artículo 139 de la Constitución provincial, tendrá un plazo máximo de 180 días. Durante este período, Norry será responsable de restablecer el orden administrativo y garantizar la continuidad de los servicios municipales. El ministro del Interior, Darío Monteros, explicó que el interventor, con experiencia en la función pública, se encargará de normalizar las finanzas y la gestión, asegurando la estabilidad laboral de los empleados municipales.

El escándalo se agravó tras la incautación de un kilo de cocaína en la ciudad y la realización de allanamientos en domicilios vinculados a Campos y Giménez. En el audio, Giménez reclama autoridad y menciona el control de la policía y la droga, mientras que Campos reconoce su voz pero niega cualquier implicación en actividades ilícitas. "De la grabación no recuerdo muchos detalles", declaró Campos, quien también cuestionó la legalidad de la grabación y manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

El conflicto expone tensiones de larga data en Alberdi, gobernada por el mismo clan político durante más de dos décadas, y pone en evidencia la preocupación por la penetración del narcotráfico en la política local. El gobierno provincial ha reforzado los controles en la zona y prometió avanzar con la investigación hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía de Alberdi será convocada a las urnas en octubre para elegir nuevas autoridades, en un contexto de fuerte demanda de transparencia y legalidad.