El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha anunciado una reforma migratoria que endurece las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para extranjeros. La medida, que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), busca limitar el acceso a la ciudadanía y residencia permanente, además de imponer aranceles en servicios de salud y educación para aquellos que no posean residencia permanente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la reforma incluye la exigencia de un seguro médico para ingresar al país, así como la deportación inmediata de extranjeros con antecedentes penales o que ingresen de manera irregular. "Argentina no será tierra fértil para delincuentes", afirmó Adorni durante una conferencia de prensa. Además, se establecerán restricciones para obtener la ciudadanía, que solo será otorgada tras dos años de residencia continua en el país.

La medida también habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque esto enfrenta desafíos legales. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), calificó la medida como "de imposible aplicación" sin modificaciones legislativas. Según Bartolacci, los estudiantes extranjeros de grado ya cumplen con los requisitos de residencia, mientras que los de posgrado ya pagan por sus estudios.

Las comunidades de inmigrantes han expresado su preocupación por estas medidas. Marta Guerreño López, titular de la Unión de Colectividades de Inmigrantes en Córdoba, criticó la falta de datos sólidos que respalden las cifras oficiales presentadas por el gobierno. "Nosotros, los inmigrantes, siempre quedamos en el centro de este incendio que tiene la Argentina hoy", afirmó.

El gobierno justifica la reforma como una respuesta necesaria para proteger los recursos nacionales y garantizar la seguridad. Sin embargo, expertos legales advierten sobre posibles desafíos constitucionales y dificultades prácticas en su implementación. La medida ha generado un intenso debate en un país con una larga tradición de recibir inmigrantes, lo que subraya la complejidad y sensibilidad del tema.

La reforma también se enmarca en un contexto internacional de políticas migratorias más restrictivas, como las implementadas en Estados Unidos. Según datos oficiales, en los últimos 20 años ingresaron a Argentina 1,7 millones de inmigrantes irregulares, una cifra que el gobierno busca reducir con estas nuevas medidas. Sin embargo, críticos argumentan que las políticas actuales ya contemplan muchas de las restricciones anunciadas, lo que pone en duda la necesidad de esta reforma.