El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. El proyecto, impulsado por el oficialismo y liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone reducir la edad mínima para imputar penalmente a menores de 16 a 13 o 14 años, dependiendo del consenso alcanzado. La medida busca endurecer el régimen penal juvenil en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad.

El próximo martes, un plenario de comisiones discutirá el dictamen del proyecto, que incluye penas de hasta 20 años para delitos graves y sanciones alternativas como servicios comunitarios y monitoreo electrónico. Aunque el oficialismo ha logrado acuerdos con sectores de la oposición para fijar la edad en 14 años, persisten diferencias sobre las penas y las medidas socioeducativas.

La propuesta ha generado críticas de diversos sectores. La Iglesia Católica, a través de Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó su rechazo, argumentando que "poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz". Braida enfatizó la necesidad de abordar las causas de la delincuencia juvenil desde una perspectiva multisectorial y de ofrecer oportunidades de recuperación y prevención.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia también han cuestionado la medida, señalando que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales. Además, advierten que el sistema actual carece de infraestructura adecuada para implementar las medidas propuestas, como centros de detención específicos para menores.

Por otro lado, datos oficiales revelan que los delitos cometidos por menores representan un bajo porcentaje del total, y la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley provienen de contextos de alta vulnerabilidad social. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, en 2024 se iniciaron 1.788 causas penales contra menores en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 71,5% correspondían a delitos contra la propiedad.

El debate se da en un contexto de alta pobreza infantil en Argentina, donde casi 8,8 millones de niños viven por debajo de la línea de pobreza. Críticos del proyecto, como el Frente de Izquierda, denuncian que la medida criminaliza a jóvenes de sectores empobrecidos mientras se recortan programas sociales y educativos.

El oficialismo, sin embargo, defiende la iniciativa como una herramienta para combatir la inseguridad y garantizar que "el que las hace, las paga". La vicepresidenta de la comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Marcela Campagnolli, destacó que el nuevo régimen penal juvenil incluirá jueces, fiscales y defensores especializados, así como medidas de justicia restaurativa.

El proyecto enfrenta un camino complicado en el Congreso, con un debate parlamentario activo y críticas desde diversos sectores de la sociedad. Mientras tanto, el oficialismo busca avanzar con el dictamen en las próximas semanas, en un intento por retomar la iniciativa política en un año electoral.