El plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos, conocido como blanqueo de capitales, concluyó en la provincia de Santa Fe el pasado 31 de julio. Según datos oficiales de la Administración Provincial de Impuestos (API), 6.222 contribuyentes solicitaron sumarse al programa, declarando un total de 567 millones de dólares en activos previamente no registrados. De estos, el 83% correspondió a efectivo, el 10% a bienes registrables y el 7% a inversiones y créditos.

La medida, vigente desde el 26 de febrero y prorrogada en dos ocasiones, permitió que tanto personas físicas como empresas regularizaran su situación fiscal. En particular, 188 solicitudes superaron los 100 mil dólares, lo que activó un impuesto especial del 2% sobre esos montos, cuyos fondos serán destinados a incentivar a los contribuyentes que han cumplido regularmente con sus obligaciones fiscales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó la importancia de premiar a quienes cumplen: "En Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir; los verdaderos héroes son aquellos que siempre honraron sus obligaciones tributarias". Esta política se enmarca en un plan más amplio de alivio tributario, que incluye la devolución de 964 millones de pesos en saldos a favor de Ingresos Brutos a 1.158 contribuyentes, así como la creación de créditos fiscales para sectores productivos como comercio, turismo y transporte.

La Ley Tributaria provincial, sancionada en diciembre de 2024, estableció el llamado "tapón fiscal", que brinda seguridad jurídica a quienes adhirieron al blanqueo nacional, evitando reclamos provinciales sobre los activos regularizados. El gobierno provincial sostiene que la iniciativa busca equilibrar la oportunidad de regularización para quienes no declararon sus bienes con la equidad hacia los contribuyentes cumplidores.

En el contexto de un ajuste fiscal nacional que impacta en las provincias, Santa Fe refuerza su recaudación propia y promueve la transparencia tributaria. Funcionarios y actores económicos locales consideran que el régimen representa un avance en la equidad fiscal y la consolidación de recursos provinciales, con implicancias positivas para el futuro de la administración tributaria.