Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", fue indagado esta semana en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de una megacausa que investiga delitos de lavado de dinero, evasión impositiva y asociación ilícita. La causa, liderada por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, involucra depósitos en efectivo por más de $33.000 millones en los últimos cuatro años, así como la incautación de 37 inmuebles, 132 vehículos y una embarcación vinculados a Castillo y su familia.

Durante su declaración, que se extendió por tres horas, Castillo reconoció comandar la firma Punta Mogote, encargada de la recaudación diaria de alquileres en la feria, y admitió pagar adicionales a policías, aunque evitó identificar a los beneficiarios. También fue consultado sobre la venta de ropa falsificada, a lo que respondió: "Yo no lo sé. De revisar se encarga la Policía". Además de Castillo, su esposa, suegra e hijo menor, Manuel, permanecen detenidos, mientras que otros 20 imputados y tres prófugos, entre ellos Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, son investigados.

La investigación, iniciada en 2023, permitió identificar una red de 89 sociedades comerciales y más de 160 personas involucradas en maniobras de blanqueo de capitales. Los allanamientos realizados en mayo de 2025 incluyeron la incautación de importantes sumas de dinero en efectivo, dólares, documentación contable y dispositivos electrónicos. Escuchas telefónicas y registros bancarios refuerzan la acusación contra Castillo y su entorno.

El cierre de la feria generó protestas de miles de feriantes, quienes denunciaron el impacto social y económico de la medida. "Quedamos sin trabajo miles de familias", expresó uno de los puesteros afectados. Tras la declaración de Castillo, la fiscalía autorizó la reapertura de la feria Urkupiña bajo estrictas condiciones de fiscalización y blanqueo fiscal, exigiendo el registro obligatorio de cada comerciante.

El caso de La Salada pone en evidencia la magnitud de la economía informal en Argentina y la necesidad de mayores controles estatales. Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro judicial de Castillo y el funcionamiento de las ferias, en un contexto de fuerte tensión social y demandas de transparencia.