El Gobierno nacional decidió reactivar el Consejo de Mayo, órgano clave para la implementación de las reformas derivadas del Pacto de Mayo, mediante la designación directa de sus integrantes por decreto. La medida, oficializada el 5 de junio de 2025 a través del Decreto 382/2025, responde a más de 300 días de inactividad debido a la falta de propuestas de representantes por parte de provincias, sindicatos y entidades empresariales.

El Consejo de Mayo, creado en julio de 2024, tiene como objetivo debatir y promover proyectos de ley y actos administrativos alineados con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, firmado por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores en Tucumán. Sin embargo, desde su creación, el organismo no había logrado funcionar por la ausencia de designaciones de los sectores convocados.

Ante esta situación, el Ejecutivo modificó el mecanismo de designación y nombró a los nuevos miembros: Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, representará a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada, al Senado; Cristian Ritondo, a la Cámara de Diputados; Gerardo Martínez, a los sindicatos; y Martín Rappallini, a los empresarios. El representante del Poder Ejecutivo Nacional aún no fue anunciado. El Consejo será presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contará con una Secretaría Técnica a cargo de María Cecilia Domínguez Diacoluca, quien ejercerá sus funciones ad honorem.

El decreto destaca que todos los cargos serán ad honorem, sin erogación para el Estado Nacional. El Gobierno argumenta que la urgencia de activar el Consejo radica en la necesidad de acelerar la generación de leyes para consolidar el rumbo económico y social del país, en medio de una agenda de reformas que enfrenta resistencias en el Congreso y sectores afectados por el ajuste.

La decisión fue justificada por la Casa Rosada como un paso necesario para evitar más demoras y posibilitar acuerdos intersectoriales. No obstante, persisten dudas sobre la representatividad del Consejo, ya que todos los miembros fueron propuestos por el Ejecutivo, y sobre su capacidad real para canalizar consensos en un contexto político complejo. El futuro del Consejo dependerá de su efectividad para impulsar las reformas y de la respuesta de los actores políticos y sociales involucrados.