Por la libertad de Eva Mieri
• Detención de Eva Mieri, concejala de Quilmes, tras ataque con estiércol a la casa de Espert genera protestas y debate político. • Movilización en Ezeiza y reclamos de liberación. • Justicia investiga uso de recursos públicos y posibles delitos.



La detención y traslado de Eva Mieri, concejala de Quilmes, a la cárcel de Ezeiza tras el ataque con estiércol a la casa del diputado José Luis Espert, ha provocado una fuerte reacción política y social en la provincia de Buenos Aires. El hecho, ocurrido el 17 de junio en San Isidro, involucró a un grupo de personas que arrojaron bolsas de estiércol y desplegaron amenazas en la vivienda del legislador libertario.
La investigación judicial, liderada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, apunta a Mieri como organizadora del ataque y la acusa de atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político y malversación de fondos públicos, debido al presunto uso de una camioneta municipal en el operativo. Chats y registros de cámaras de seguridad fueron fundamentales para identificar a los participantes, entre ellos la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, quien fue liberada tras 12 días de detención por decisión de la Cámara Federal de San Martín, que no encontró riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
La prisión preventiva de Mieri fue justificada por la jueza ante la posibilidad de que pudiera eludir la acción de la justicia o entorpecer la causa. Sin embargo, la medida generó protestas y movilizaciones frente al penal de Ezeiza, encabezadas por dirigentes de Unión por la Patria, La Cámpora y organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian persecución política y un uso desproporcionado del aparato judicial. La expresidenta Cristina Kirchner y referentes del kirchnerismo exigieron públicamente la liberación de los detenidos, calificando la situación como un "ensañamiento" y "terrorismo de Estado de baja intensidad".
El caso se inscribe en un contexto de alta polarización política y debate sobre el uso de recursos públicos y la criminalización de la protesta. Mientras la Justicia sostiene la gravedad de los delitos imputados, sectores opositores denuncian una estrategia de disciplinamiento y represión. El desenlace del proceso judicial y las eventuales consecuencias políticas siguen siendo motivo de atención y controversia en la agenda pública.
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