El 21% de los diputados argentinos no presentó su declaración jurada anual, según un relevamiento de la Cámara de Diputados, en medio de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto crecimiento patrimonial no declarado. El informe, elaborado a partir de datos oficiales, también revela que el 46% de los legisladores cuyos mandatos vencieron en diciembre pasado no cumplió con la obligación de presentar su declaración patrimonial, como exige la ley de ética pública.

La situación se produce en un contexto de alta tensión política. El oficialismo, consciente de la inminente interpelación a Adorni en la Cámara baja, prepara una contraofensiva y ha comenzado a indagar en las declaraciones juradas de legisladores de todos los bloques. "Puede haber sorpresas", anticipan fuentes libertarias, en referencia a posibles revelaciones sobre incumplimientos tanto de oficialistas como de opositores.

La ley de ética pública, sancionada en 1999, y la ley que establece el carácter público de las declaraciones juradas, aprobada en 2013, obligan a los funcionarios a presentar sus declaraciones en tres instancias: al iniciar el mandato, anualmente y al finalizarlo. El incumplimiento puede ser considerado una falta grave y es pasible de sanciones disciplinarias.

Según datos oficiales, el 93% de los diputados que asumieron en diciembre pasado ya presentó su declaración inicial, mientras que el 54% de los que dejaron su banca en esa fecha cumplió con la obligación de cierre, una mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, la persistencia de altos niveles de incumplimiento genera preocupación sobre la transparencia y la ética en la función pública.

El caso Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ha profundizado las divisiones dentro del oficialismo y la oposición. Mientras la oposición busca capitalizar la situación para cuestionar la transparencia del gobierno, en el oficialismo crecen las dudas sobre el costo político de sostener al jefe de Gabinete. Analistas advierten que la combinación de escándalos y crisis económica puede erosionar la tolerancia social hacia el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una de sus semanas más difíciles.