El caso de Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo de un policía durante un intento de robo en Ciudad Evita, La Matanza, ha generado conmoción y debate en la sociedad argentina. Facundo Aguilar Fajardo, agente de la Policía Federal Argentina de 21 años, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y exceso en legítima defensa, luego de que disparara 11 veces su arma reglamentaria durante un asalto en el que intentaba defender a su madre.

El hecho ocurrió el miércoles 4 de junio por la noche, cuando Aguilar Fajardo y su madre esperaban el colectivo en la intersección de Crovara y Madrid. Según el testimonio del policía, cuatro delincuentes armados los abordaron y comenzaron a agredirlos. "Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más", declaró ante el fiscal Diego Rulli. Durante el tiroteo, uno de los proyectiles impactó en Thiago Correa, quien esperaba el colectivo junto a su padre a casi 200 metros del lugar.

La fiscalía sostiene que el agente pudo prever el riesgo de su accionar y, aun así, continuó disparando, lo que motivó el cambio de carátula de homicidio culposo a dolo eventual. Esta figura implica una posible pena de 8 a 25 años de prisión. Además, uno de los asaltantes murió y otros dos resultaron heridos, mientras que un cuarto logró escapar.

La familia de Thiago despidió al niño en San Justo, en medio de muestras de profundo dolor y pedidos de justicia. "No es justo que un nene termine así. No puede ser que alguien dispare así, hacia abajo, donde hay gente", expresó Fabián Correa, padre de la víctima. Sin embargo, la familia evitó responsabilizar directamente al policía y centró su reclamo en la necesidad de justicia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al agente y responsabilizó a los delincuentes por la tragedia. "Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida", afirmó. Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria criticó el uso de armas por parte de policías fuera de servicio y pidió una revisión de las políticas de seguridad.

El caso reavivó el debate sobre la "doctrina Chocobar" y el uso de la fuerza letal por parte de la policía, en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad. La investigación continúa y la situación procesal del agente podría modificarse a medida que avancen las pericias y testimonios.