Una investigación periodística ha revelado que varios influencers libertarios, conocidos por su defensa de la gestión de Javier Milei y su crítica a la "casta política", han recibido pagos de diversas dependencias estatales. Este hallazgo pone en debate la coherencia entre su discurso y sus vínculos laborales con el Estado.

Entre los nombres destacados se encuentran Tomás Jurado ("ElPelucaMilei"), Lucas Luna ("Sagaz"), Pedro María Lantaron ("@elpittttt"), Mariano Pérez y Ezequiel Ismael Acuña ("Pasante"). Según documentos oficiales y registros de acceso público, estas figuras mediáticas recibieron aportes patronales de entidades como la Secretaría General de Presidencia, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Legislatura porteña y las Cámaras de Diputados de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

Los pagos no siguieron un esquema uniforme ni permanente, variando entre trimestres y casi un año. Por ejemplo, Lucas Luna trabajó como jefe de despacho del diputado bonaerense Agustín Romo y autorizó ingresos de funcionarios a la Casa Rosada. Tomás Jurado estuvo vinculado a la Secretaría General de Presidencia y facilitó el ingreso de otros influencers. Pedro María Lantaron cumplió funciones administrativas en el Incaa y luego trabajó como asesor en la Cámara de Diputados bonaerense. Mariano Pérez y Ezequiel Acuña también registraron ingresos frecuentes a la Casa Rosada y recibieron pagos de diferentes dependencias.

Además de su rol como difusores de la agenda oficial, estos influencers son referentes de la agrupación juvenil "Las Fuerzas del Cielo", clave en la estrategia comunicacional del Gobierno. Sin embargo, sus vínculos laborales con el Estado han generado críticas sobre la coherencia entre su discurso antiestatal y sus prácticas.

La oposición ha cuestionado el uso de recursos públicos para financiar a estos comunicadores, mientras que los seguidores de los influencers defienden su rol en la "batalla cultural" y minimizan las acusaciones. Fuentes parlamentarias confirmaron los vínculos laborales, pero no se han emitido respuestas oficiales sobre el tema.

Este caso plantea interrogantes sobre la relación entre discurso político y prácticas laborales, así como sobre el uso de recursos públicos en estrategias comunicacionales. En un contexto donde las redes sociales tienen un impacto creciente en la política argentina, la transparencia y coherencia en el uso de recursos estatales se convierten en temas centrales de debate.