Estudiantes y docentes de universidades y colegios secundarios de Argentina protagonizaron una serie de tomas y protestas en rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión e inhabilitación política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida, que generó un fuerte impacto en el ámbito educativo, fue impulsada principalmente por asambleas estudiantiles y gremios docentes, quienes denunciaron una "proscripción" y un ataque a la democracia.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Derecho fue ocupada de manera activa desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes, sin suspender actividades académicas. Los estudiantes organizaron clases públicas y reuniones de estudio, enfatizando que la protesta buscaba visibilizar el rechazo al fallo y defender la democracia. "El fallo de la Corte es político y tiene la finalidad de correr a Cristina de la cancha", expresaron voceros estudiantiles.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Exactas y FADU también fueron tomadas, aunque la medida fue levantada tras asambleas que resolvieron mantener el estado de alerta y movilización. Paralelamente, en colegios secundarios porteños como el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, los estudiantes organizaron pernoctes, talleres y actividades culturales bajo la consigna de "defensa de la democracia".

El paro nacional docente, convocado por la Confederación de Docentes Universitarios (Conadu), coincidió con las protestas estudiantiles, sumando reclamos por mejoras salariales y denunciando un "golpe al corazón del sistema republicano". Rectores y autoridades de diversas universidades nacionales emitieron comunicados en apoyo a los reclamos y en repudio al fallo judicial.

Sin embargo, el Consejo Superior de la UBA rechazó por amplia mayoría un proyecto para repudiar la condena, reflejando divisiones internas en el ámbito académico. Mientras tanto, los centros de estudiantes y gremios docentes anunciaron la continuidad de las movilizaciones y nuevas medidas de protesta en defensa de la educación pública y la democracia.

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión política y social, con acusaciones cruzadas sobre la independencia judicial y el futuro de la educación pública en Argentina.