La provincia de Formosa se encuentra en el centro de la escena política nacional ante la inminente reforma de su constitución provincial, impulsada por el gobernador Gildo Insfrán. Con más de tres décadas en el poder, primero como vicegobernador y luego como gobernador desde 1995, Insfrán ha sido reelecto en ocho oportunidades consecutivas, amparado en una constitución que permite la reelección indefinida. Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta disposición, abriendo un nuevo capítulo en la política formoseña.

En respuesta al fallo, Insfrán propuso una nueva reforma constitucional, argumentando la necesidad de incorporar derechos de cuarta generación, como el acceso a la tecnología y la educación informática. El oficialismo sostiene que la reforma busca modernizar la carta magna y fortalecer las instituciones provinciales. No obstante, la oposición y diversos sectores sociales denuncian que el verdadero objetivo es perpetuar el poder del actual mandatario, consolidando un sistema de control político y social que ha sido calificado como "feudal" por sus detractores.

La provincia presenta indicadores económicos y sociales particulares: el 70% de la población activa trabaja en el sector público, la densidad empresarial es la más baja del país y el 95% del presupuesto provincial proviene de transferencias nacionales. Además, Formosa registra la tasa de mortalidad infantil más alta de Argentina y una fuerte migración por falta de oportunidades laborales en el sector privado.

En la antesala de las elecciones de convencionales constituyentes, previstas para el 29 de junio, la tensión política se ha incrementado. La oposición, encabezada por el senador Francisco Paoltroni, denuncia persecución política, clientelismo y falta de libertad de expresión. "El miedo comienza a disminuir", afirman referentes opositores, mientras crecen las denuncias sobre presiones a comunidades indígenas y reparto de bienes en vísperas electorales.

El oficialismo, por su parte, defiende el "modelo formoseño", destacando la construcción de más de 1.500 escuelas, hospitales y obras públicas emblemáticas. Sin embargo, críticos señalan que muchas de estas obras funcionan como "fachada" y no resuelven los problemas estructurales de la provincia.

El debate sobre la reforma constitucional de Formosa se da en un contexto de fuerte polarización y será clave para definir el futuro político de la provincia. El resultado de la elección de convencionales podría marcar un punto de inflexión en la historia institucional formoseña, con implicancias para el federalismo y la democracia argentina.