Los gremios marítimos y fluviales de Argentina iniciaron este miércoles un paro total de 48 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, paralizando la actividad en los principales puertos del país y afectando tanto el comercio exterior como la temporada de cruceros. La medida, encabezada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) y otros sindicatos del sector, responde a la exclusión de la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo, contemplada en el proyecto oficial.

Según los gremios, esta modificación representa un retroceso significativo en materia de derechos laborales y abre la puerta a la precarización y la inestabilidad en la actividad. "No nos dejan ni el 14 bis", advirtió Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, en referencia a los derechos constitucionales de los trabajadores. Por su parte, Mariano Vilar, titular de SICONARA, sostuvo que la iniciativa implica "un recorte de derechos" y anticipó que el paro podría profundizarse si el Congreso no modifica el proyecto.

El paro afecta a remolcadores, buques tanque, portacontenedores, pesqueros y embarcaciones turísticas, dejando a numerosos barcos fondeados o en puerto. Según datos de la agencia marítima NABSA, al menos 12 embarcaciones y 381.000 toneladas de mercadería agroindustrial quedaron varadas, principalmente en las terminales de Rosario, Quequén/Necochea y Buenos Aires. La cámara de exportadores CIARA-CEC advirtió que la huelga paraliza las exportaciones de productos agrícolas y sus derivados.

El conflicto escaló cuando la Prefectura Naval Argentina intimó a los armadores, recordando que interrumpir el tránsito de buques puede constituir un delito según el Código Penal. Sin embargo, los gremios ratificaron la medida y aseguraron que se mantienen guardias mínimas solo para emergencias. La tensión aumentó con la entrada de cruceros sin remolcadores y la declaración de emergencia por parte de la Prefectura, que intervino de manera inédita en el conflicto.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como una vía para modernizar y hacer más competitivo el sector, los sindicatos denuncian que la desregulación los equipara a tripulantes extranjeros y debilita la protección laboral. El paro podría extenderse si no hay cambios legislativos, en un contexto donde el sector marítimo es clave para la economía argentina.