La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió recientemente más de 238.000 dólares y más de 4 millones de pesos incautados al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. Esta transferencia, realizada por el Tribunal Oral Federal 4, forma parte de la ejecución de la condena por lavado de dinero que pesa sobre Báez y que ordena el decomiso de activos por más de 61 millones de dólares.

El proceso de recuperación de bienes comenzó tras la confirmación de la condena en abril de 2021, que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023 y quedó firme en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa y la Unidad de Información Financiera (UIF). La sentencia incluyó la incautación de dinero en efectivo, cuentas bancarias en el exterior, activos financieros y más de 70 propiedades distribuidas en varias provincias argentinas.

El operativo de devolución de fondos al Estado incluyó la inscripción registral de los bienes a nombre de la Corte Suprema, conforme a lo dispuesto por el Código Penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias. El Gobierno nacional intentó crear un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, lo que generó tensiones con el Poder Judicial. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda por considerar que el decreto del Ejecutivo implicaba una intromisión en las competencias judiciales. Finalmente, una medida cautelar suspendió la aplicación del decreto, preservando la autonomía de la Corte Suprema en la gestión de los bienes decomisados.

La investigación judicial determinó que entre 2010 y 2013 existió una organización criminal liderada por Báez, que realizó maniobras de lavado de dinero a través de Austral Construcciones y otras empresas, utilizando sociedades offshore y testaferros para expatriar y reingresar fondos ilícitos. Además de la condena por la “Ruta del dinero K”, Báez recibió penas adicionales por operaciones de lavado vinculadas a la compra de campos y propiedades de alto valor, sumando una pena unificada de 15 años de prisión y multas millonarias.

El caso tuvo impacto internacional, ya que la condena fue considerada clave para evitar sanciones al país por parte de organismos como el GAFI. El destino de los fondos recuperados sigue siendo motivo de debate, con la UIF reclamando su asignación para fortalecer la lucha contra el lavado, aunque la Justicia priorizó el cumplimiento del procedimiento legal vigente.