Ingresó al hospital por una pancreatitis y murió por el fentanilo contaminado
- Docente de 32 años murió tras recibir fentanilo contaminado en La Plata - Familia denuncia mala praxis y ocultamiento - El caso es parte de una investigación con 53 muertes por opioide adulterado #Salud #Seguridad #Justicia



Leonel Ayala, un docente y músico de 32 años oriundo de Florencio Varela, falleció el 12 de abril tras recibir fentanilo contaminado durante su internación en el Hospital Italiano de La Plata. El caso de Ayala se suma a una investigación judicial que ya contabiliza 53 muertes y 90 personas afectadas por el uso de ampollas adulteradas de este potente opioide, distribuidas en al menos 19 centros médicos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.
El cuadro de Ayala comenzó a principios de marzo, cuando ingresó a una clínica por un dolor abdominal. Allí le diagnosticaron un cálculo en la vesícula que obstruía el páncreas. Según relataron sus familiares, su evolución era favorable y estuvo cerca de recibir el alta, pero fue sometido a una endoscopia que, de acuerdo con un perito de la familia, resultó innecesaria. El 15 de marzo fue derivado al Hospital Italiano de La Plata, donde su estado se agravó tras la administración de fentanilo para el dolor.
Poco después de recibir el medicamento, Ayala presentó fiebre y una neumonía que los médicos no lograron controlar. La familia denuncia que el hospital les ocultó información sobre el uso de fentanilo contaminado y que sólo pudieron confirmarlo tras asesorarse legalmente y acceder a los informes médicos. “El acta de defunción dice pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio, pero nosotros no nos conformamos”, expresaron sus hermanos, quienes también señalaron que el fentanilo fue administrado durante 30 días, el doble de lo recomendado en terapia intensiva.
El caso de Ayala es uno de los más resonantes dentro de la causa judicial que investiga la responsabilidad de dos laboratorios y varias droguerías en la producción y distribución del opioide adulterado. La ANMAT había emitido alertas previas por deficiencias en la manufactura, y el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, se presentó como querellante para reforzar la intervención estatal y garantizar el esclarecimiento del caso.
La familia de Ayala, profundamente afectada, destaca su compromiso con la educación pública y exige justicia. “Esto es gravísimo. Nadie nos explicó lo que sucedió ni cómo avanzaba la causa”, declaró su padre. El avance de la investigación y las medidas adoptadas por las autoridades serán clave para determinar responsabilidades y evitar nuevas tragedias.
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