Seis provincias argentinas, encabezadas por Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, solicitaron de manera formal y urgente al Gobierno nacional la convocatoria del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar en profundidad la reforma laboral que recientemente obtuvo media sanción en el Senado. El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue firmado por las máximas autoridades laborales de cada jurisdicción y reclama una sesión presencial y exclusiva para debatir el alcance y las consecuencias del proyecto.

Las provincias argumentan que la discusión sobre la reforma laboral no puede limitarse al ámbito del Congreso, ya que la normativa tendrá un impacto directo en las estructuras laborales, fiscales y de inspección de cada distrito. En el documento presentado, los funcionarios provinciales recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que consideran fundamental respetar ante la magnitud de los cambios propuestos.

El reclamo se produce en un contexto de alta tensión política, donde la media sanción en el Senado dejó al descubierto diferencias internas: mientras los senadores que responden a los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma, Misiones aportó dos votos clave para su aprobación. A pesar de estas diferencias, las seis provincias coinciden en la necesidad de federalizar el debate y garantizar que las realidades regionales sean escuchadas antes de la sanción definitiva de la ley.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el CFT ha sido convocado en pocas ocasiones y con escasa actividad, lo que ha generado malestar entre las autoridades provinciales. "El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas", sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha dado una respuesta concreta al pedido, lo que incrementa la presión institucional y visibiliza la demanda de un debate más amplio e inclusivo sobre la reforma laboral.