En un fallo que marca un hito en la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de 17 personas vinculadas a la "Escuela de Yoga Buenos Aires" (EYBA). Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

La decisión judicial, tomada por mayoría con los votos de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, y con la disidencia de Eduardo Farah, ratifica una resolución previa del juez federal Ariel Lijo. Según la investigación, la organización operaba bajo la fachada de una escuela de yoga, utilizando métodos coercitivos, incluyendo el suministro de psicofármacos, para someter a sus víctimas. Estas prácticas se llevaban a cabo en la sede principal de la EYBA, ubicada en Villa Crespo, Buenos Aires, así como en otros lugares de la ciudad.

El caso salió a la luz en agosto de 2022, cuando se realizaron 50 allanamientos simultáneos en las sedes de la organización y en los domicilios de sus líderes. Durante los operativos, se incautaron más de un millón y medio de dólares, joyas y documentos que respaldan las acusaciones. Además, se descubrió una "clínica" ilegal donde se administraban psicofármacos a las víctimas, lo que, según los investigadores, constituía una forma de coerción y dominio.

Entre los imputados se encuentra Juan Percowicz, señalado como el líder de la organización. Según el expediente judicial, la explotación sexual de las víctimas, conocidas como "alumnas", se realizaba en lugares como el noveno piso de la sede central, conocido como el "Museo", y en hoteles de lujo. Las víctimas eran seleccionadas y explotadas con el objetivo de enriquecer a los líderes de la organización, acumulando un patrimonio estimado en 50 millones de dólares, con cuentas en el extranjero.

El fallo judicial también revocó el sobreseimiento de uno de los imputados, un médico clínico que operaba en el denominado "Centro Médico Integral" de la organización. Según la investigación, este centro era utilizado para administrar psicofármacos a las víctimas, manteniéndolas en un estado de sumisión.

Los fiscales a cargo del caso, Carlos Stornelli, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, destacaron la magnitud de la investigación, que incluyó cooperación internacional y el análisis de dispositivos electrónicos, intervenciones telefónicas y documentos. "Las hipótesis que conforman el objeto de esta causa se han cimentado en múltiples indicios que construyeron la imputación", señaló el juez Irurzun en su voto.

El caso, que sigue en etapa de instrucción, ha generado un amplio debate en la sociedad y un llamado a reforzar las políticas contra la trata de personas y el crimen organizado. Se espera que el juicio permita un análisis exhaustivo de las pruebas y testimonios, arrojando luz sobre uno de los casos más impactantes de los últimos años en Argentina.