El juicio por las muertes de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba ha alcanzado un punto crítico. La fiscalía ha solicitado prisión perpetua para Brenda Agüero, la enfermera acusada de ser la autora de los crímenes, y penas de hasta cuatro años para otros diez imputados, entre ellos exfuncionarios y personal del hospital.

Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini presentaron sus alegatos ante la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba, argumentando que Agüero inyectó intencionalmente potasio e insulina a los bebés, causando muertes y descompensaciones entre marzo y junio de 2022. Según la fiscalía, la acusada buscaba destacarse profesionalmente, lo que la llevó a cometer los crímenes. "No hay dudas de que los bebés murieron de manera intencional", afirmó Ruiz Moreno.

Además de Agüero, el caso involucra a diez funcionarios y personal del hospital, acusados de encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. Entre ellos se encuentran el exministro de Salud Diego Cardozo, la exdirectora del hospital Liliana Asís y otros altos cargos. Las penas solicitadas para estos imputados varían entre un año de inhabilitación y cuatro años de prisión efectiva.

El caso ha generado indignación entre las familias de las víctimas, quienes denuncian un "pacto de silencio" entre los implicados y critican la falta de medidas preventivas que podrían haber evitado las tragedias. Vanessa Cáceres, madre de uno de los bebés fallecidos, expresó su frustración: "Esperábamos que la Justicia fuera más responsable. Perdimos vidas, no pruebas".

Los hechos ocurrieron en un contexto de descontrol en el hospital, con irregularidades que no fueron denunciadas a tiempo. La investigación comenzó en julio de 2022, meses después de los primeros incidentes. Según los fiscales, las muertes cesaron tras el apartamiento de Agüero en junio de ese año.

El juicio continuará con los alegatos de las querellas y la defensa. Las familias esperan una sentencia que haga justicia y siente precedentes para evitar tragedias similares. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de reformas en el sistema de salud.