El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha oficializado una reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial este jueves. La medida introduce cambios significativos en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones para la obtención de la ciudadanía, las deportaciones y el acceso a servicios públicos como salud y educación.

Entre los principales cambios, se destaca el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina. Ahora, los extranjeros deberán acreditar una residencia continua de dos años sin salidas del país y no podrán acortar este plazo por servicios prestados a la República, como era posible anteriormente. En su lugar, se habilita la posibilidad de obtener la ciudadanía mediante inversiones monetarias, gestionadas por la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

En cuanto a las deportaciones, el decreto establece la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales y aquellos con antecedentes penales. Además, se prohíbe el reingreso permanente para quienes sean expulsados por delitos dolosos, mientras que otros casos de expulsión implicarán una prohibición de reingreso por un mínimo de cinco años.

El acceso a servicios públicos también se ve afectado. Los extranjeros deberán pagar por servicios de salud y educación superior, salvo en casos de emergencia sanitaria. En el ámbito educativo, la reforma mantiene la gratuidad en los niveles inicial, primario y secundario, pero habilita el cobro en universidades públicas para extranjeros sin residencia permanente. En el sistema sanitario, los extranjeros deberán presentar un seguro médico para acceder a servicios, excepto en situaciones de emergencia.

El decreto también redefine las categorías de residencia, introduciendo la figura de residencia precaria con una duración de 90 días. Los requisitos para obtener residencia permanente se endurecen, y se establece la cancelación de residencia en casos de fraude o antecedentes penales.

El gobierno justifica estas medidas como necesarias para gestionar de manera eficiente los flujos migratorios y proteger la economía y la estabilidad social del país. En los considerandos del decreto, se menciona el aumento de deportaciones en Estados Unidos como un factor que podría incrementar la migración hacia Argentina, afectando los servicios públicos y la economía.

Sin embargo, las reformas han generado críticas de sectores que consideran que las medidas son restrictivas y podrían vulnerar derechos fundamentales de los migrantes. La comparación con políticas migratorias más estrictas en otros países, como Estados Unidos, también ha sido objeto de debate.

La reforma marca un cambio significativo en la política migratoria argentina, que históricamente promovía la inmigración como un medio para enriquecer la cultura y población del país. Su implementación y efectos serán observados de cerca en los próximos meses, mientras se evalúa su impacto en los derechos de los migrantes y la economía nacional.