Un grave episodio de violencia conmocionó a la comunidad educativa de Mar del Plata esta semana, cuando un niño de 10 años fue acusado de tocar a dos compañeras de 7 años en la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery. La denuncia, que surgió durante el recreo, se propagó rápidamente entre los padres y desencadenó una reacción desmedida: un grupo de adultos se dirigió a la vivienda del menor acusado y la incendió, obligando a la familia a escapar y provocando la muerte de su mascota.

La madre del niño, Nélida, relató que fue convocada por la directora de la escuela tras la denuncia y que, al llegar, se encontró con una situación fuera de control. "Me arruinaron la vida. Me dejaron en la calle, sin nada. Espero que la Justicia haga Justicia y me diga realmente lo que pasó", expresó en declaraciones a medios locales. La familia perdió todas sus pertenencias y la vivienda quedó destruida.

El episodio generó un paro docente de 24 horas en todas las escuelas públicas y municipales del distrito, en repudio a la violencia y para exigir medidas de protección. Docentes y directivos debieron refugiar a los alumnos en el primer piso de la escuela y salir escoltados por Gendarmería, ante el clima de tensión y los destrozos perpetrados por los padres.

Especialistas en psicopedagogía y convivencia escolar advirtieron sobre la necesidad de abordar estos casos de manera reflexiva y educativa, evitando la criminalización de la infancia y la justicia por mano propia. "El abordaje debe ser educativo, tutelar y terapéutico, no punitivo", señaló Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA. María Zysman, fundadora de Libres de Bullying, subrayó que "la mirada adultocéntrica y la reacción desmedida solo aumentan la violencia".

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, calificó el episodio como "un desastre" y cuestionó el paro docente, señalando que "falla el sistema educativo y falla la legislación". Lence también criticó la tendencia a dictar sentencia en grupos de WhatsApp y la falta de protocolos efectivos para situaciones de violencia escolar.

Las niñas afectadas reciben apoyo psicológico y profesional, mientras que el niño acusado continuará su educación a distancia hasta que se esclarezca la situación. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de contención y prevención en las escuelas, así como de promover respuestas sociales más empáticas y respetuosas de los derechos de todos los involucrados.