El Gobierno nacional definió el nuevo calendario para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en tres jurisdicciones clave: Córdoba, Posadas y La Plata. La medida, formalizada mediante la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece que el sistema acusatorio comenzará a regir en Córdoba el 15 de junio de 2026, mientras que en Posadas y La Plata la implementación fue diferida al 24 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente.

La decisión responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y sostenible hacia el nuevo modelo procesal, que traslada la investigación penal a los fiscales y limita el rol instructor de los jueces. El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, argumentó que los cambios en el cronograma permitirán fortalecer la infraestructura, la capacitación y la coordinación institucional necesarias para la puesta en marcha del sistema acusatorio.

El Poder Ejecutivo asumió la competencia de implementación del CPPF tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, desplazando a la Comisión Bicameral del Congreso. Desde entonces, la cartera de Justicia ha impulsado inversiones en tecnología forense, equipamiento informático y la puesta en valor de edificios judiciales, con el objetivo de adaptar el sistema judicial al modelo oral y público que caracteriza al nuevo código.

El sistema acusatorio ya funciona en otras jurisdicciones como Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, General Roca y Comodoro Rivadavia, donde se busca agilizar los tiempos de la justicia penal federal y mejorar la persecución de delitos complejos. La reforma, sancionada en 2015, implica una transformación profunda en la forma de investigar y juzgar los delitos federales, separando las funciones de investigación y juzgamiento y promoviendo audiencias orales y públicas.

Expertos y operadores judiciales han destacado la importancia de adecuar los recursos humanos, la infraestructura y las prácticas procesales antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen. La experiencia acumulada en otras jurisdicciones es considerada clave para lograr una implementación homogénea y previsible en todo el país.

Con este reordenamiento del calendario, el Gobierno argentino avanza en la consolidación de una política pública sostenida en materia de justicia penal federal, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la celeridad en la persecución penal.